Régimen de control y de sanciones de las normas comunitarias sobre residuos urbanos.
Por otra parte, hay que indicar que la Directiva 91/156 no impone a los Estados miembros ninguna obligación precisa por lo que respecta al régimen de control y de sanciones. No obstante, de ello no puede deducirse que las disposiciones nacionales que sancionen penalmente las infracciones de las obligaciones impuestas por la legislación de adaptación del Derecho interno a la Directiva sean incompatibles con esta última. Efectivamente, los Estados miembros tienen la obligación de elegir, en el marco de la libertad que les reconoce el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado, las formas y los medios más adecuados para garantizar el efecto útil de las Directivas (sentencia de 8 de abril de 1976, Royer, 48/75, Rec. p. 497, apartado 75). Por otra parte, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ha precisado que, cuando una Directiva no prevé sanciones específicas en caso de infracción de sus disposiciones o se remite, en este punto, a las disposiciones legales, reglamentarlas y administrativas nacionales, el artículo 5 del Tratado obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario . Con este fin, los Estados miembros, aunque conservan una facultad discrecional en cuanto a la elección de las sanciones, deben velar por que las infracciones de la normativa comunitaria sean sancionadas en condiciones de fondo y de procedimiento análogas a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional de naturaleza e importancia similares y que, en todo caso, confieran a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasivo (sentencias de 8 de Junio de 1994, Comisión/Reino Unido, C-382/92, Rec. p. 1-2435, y C-383/92, Rec. p. 1-2479, apartados 55 y 40, respectivamente).
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