Es una forma peculiar de suspensión de derechos fundamentales.

Se trata de una SUSPENSION INDIVIDUAL (para determinadas personas), sin declaración de los Estados de Excepción, dirigida a aquella/s persona/s cuyas actividades pueden resultar peligrosas para el ordenamiento constitucional, o la misma pervivencia de la Comunidad.

En el caso español la posibilidad de suspensión individual de derechos aparece contemplada en el artículo 55.2 de la CE.

Se refiere a derechos que pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La regulación completa se remite a una Ley Orgánica, estableciendo el artículo 55.2 que: "Una ley Orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en el artículo 17, apdo. 2 y art 18 apdo. 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas".

El fundamento se encuentra en la necesidad de combatir adecuadamente esa modalidad de crimen organizado que es el terrorismo, potenciado por la explotación y abuso de las garantías constitucionales para conseguir fines antidemocráticos; tras la constatación que los medios normales de un Estado democrático a veces no son suficientes.

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