HOME/MAPA
consultas juridicas consultas legales
respuestas legales

Asesoramiento Jurídico y Legal .Consultatuderecho.com

abogado internet
laboral laboralista informe juridico

Consultas Juridicas

902 021 086

 
 
 
 
 

Tfn. At. Cliente

902 021 086

Cuando no lo veas claro consulta a tu abogado

No esperes a tener un problema, evitarlo. Un abogado no es solo para ir a juicio, es tu asesor, cuando necesites consejo profesional. Es tu árbitro, cuando quieras evitar un pleito. Es tu defensor en un juicio. Es la respuesta a tus dudas ante un contrato, una herencia, un despido....

   

abogados CONSULTAS despacho juridico consulta legal abogado despido indemnizacion juicio juzgados demanda derechos obligaciones condena pena delitos carcel juridica divircio separacion matrimonial pension incapacidad juzgados jueces condenas sentencias procuradores procesos civiles demandas escritos modelos

tags

asesromiento legal palabras claves

Los Contratos Franquicia.
 

CONSULTA JURÍDICA INMEDIATA 1,20+iva

DIVORCIO 450 EUROS

Servicio de reclamación de deudas coste 30 €

Elija abogado que le defienda en accidentes de tráfico con cargo a su poliza de seguro

Consulta Gratuita de Embargos Hipotecarios

Servicio de solicitud de Pensión de Incapacidad

Comentario en RadioTelevisiónEspañola Consultatuderecho.com


LA FRANQUICIA

Normativa
En España comenzó a aplicarse a finales de la década de los 50 los contratos franquicia. A partir de entonces su importancia ha ido creciendo alcanzando un desarrollo considerable, principalmente en sectores como la alimentación, hostelería, restauración, ropa y cosméticos.
En la actualidad, el artículo 62 de la Ley 7/1996 sobre Ordenación del Comercio Minorista, define la actividad comercial de franquicia como aquella que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios.
La ley introduce también la obligatoriedad para todos los franquiciadores de inscribirse en los Registros que pueden tener al efecto las Comunidades Autónomas, lo que con lleva una mayor información tanto a los posibles franquiciados como a los consumidores.
La ley obliga también al franquiciado a proporcionar al franquiciador un documento escrito, con veinte días de antelación a la firma de cualquier contrato o a la entrega de cualquier cantidad de dinero que contenga la siguiente información: datos de identificación, descripción del sector de la actividad, contenido y características de la franquicia y explotación, estructura y extensión de la red de franquicias.
Pese a esto se puede afirmar que dado que no existe desarrollo reglamentario de este precepto, ni se prevén las consecuencias jurídicas del incumplimiento del precepto, el contrato de franquicia continua desprovisto de una regulación propia, autónoma y diferente de otros contratos, estableciéndose solamente referencias legislativas de carácter disperso.
Una de estas referencias la encontramos en el Reglamento de la Comunidad Europea 40871/1988 que regula los acuerdos de franquicia de distribución y servicios, estableciendo las condiciones necesarias para que los acuerdos de franquicia gocen de la exención que prevé el apartado tercero del artículo 85 de la Unión Europea 556/1989 sobre la aplicación del citado artículo 85 a determinadas categorías de acuerdos de licencias de Know-how, (conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciados y debidamente verificados); el Real Decreto 157/1992 que incluye referencias a lo que se consideran prácticas restrictivas de la competencia pueden concertarse en el marco de un contrato de franquicia; y la Ley 16/1989 de Defensa de la competencia.
El problema radica en que estas normas no regulan las relaciones de fondo existentes entre las partes de contrato de franquicia, ni tampoco las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato o acuerdo.
Así, el incumplimiento de las obligaciones que nacen de la relación contractual se regulan conforme a las reglas generales para obligaciones y contratos que establece el Código Civil y el Código de Comercio, y de cara al consumidor en el caso de haberse producido un daño o perjuicio se acude a la ley 22/1994 de responsabilidad civil.
El contrato de franquicia en España se caracteriza por estar gobernado, en los términos generales, por el principio de libertad contractual establecido en el artículo 1.255 del Código Civil, el cual señala que las partes contratantes son libres para establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente.
Además de a las normas generales de la contratación mercantil debe acudirse, por analogía a la regulación legal de los contratos de compraventa, comisión, agencia, etc...Por tanto debe tenerse en cuenta, según el tipo de negocio y de franquicia que se vaya a desarrollar en nuestro país la siguiente legislación:
- R.D. 1750/87, de 18 de Diciembre, que liberaliza la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica extranjera a empresas españolas y, en el que por primera vez, se hace mención específica a la franquicia.
- Ley 26/1984, de 19 de julio, General para Defensa de Consumidores y Usuarios.
- Ley l l/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
- Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
- Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.
- 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Además sería necesario hacer mención al derecho comunitario en esta materia, ya que el contrato de franquicia en nuestro derecho está acogido a la legislación comunitaria.
Así, son de aplicación a este contrato:
- Reglamento 4.087/1988 de la Comisión de 30/11/1988, relativo a la aplicación del artículo 85.3 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia.
Este Reglamento, que es directamente aplicable a cada Estado Miembro y que entró en vigor el 11 de febrero de 1989, define la franquicia como:
"Conjunto de Derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, derechos de autor, Know-How o patentes, deberían explotarse para la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales".
- Reglamento 556/1989, de la Comisión de 30/12/1988 para la aplicación de citado artículo 85. La Comunidad Europea ha desarrollado extensamente esta institución, elaborando un Código Deontológico de la Franquicia Europea.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas entendió por primera vez de las cuestiones relacionadas por el contrato de franquicia en el Caso Pronuptial (Decisión de la Comisión de 17 de diciembre 1986, DOCE Serie L n° 8 de 10 de enero de 1987).
El Contrato de Franquicia
Dada la inexistencia de reglamentación específica, el contrato de franquicia adquiere una importancia aún mayor por cuanto que es el único documento que puede regular la relación entre franquiciador y franquiciado de una forma efectiva.
No existe tampoco un modelo de contrato al que pueda adaptarse cualquier concepto de franquicia, cada uno de ésos requerirá un contrato distinto en función de sus características y necesidades específicas.
Es frecuente que la relación contractual ente franquiciador y franquiciado se inicie con un precontrato, a modo de contrato de reserva o de opción, que regirá el tiempo suficiente para que ambas partes estudien las condiciones de contrato final y decidan la incorporación o no de la nueva franquicia a la cadena.

Las empresas que se ponen en marcha pueden adoptar diferentes formas jurídicas. Existen cuatro tipos básicos: empresario individual; sociedad civil; sociedad cooperativa y sociedad mercantil. Dentro de esta última, coexisten, a su vez, cinco diferentes: la sociedad colectiva; la sociedad comanditaria; sociedad limitada, sociedad anónima y sociedad laboral.

Para efectuar la elección de la forma jurídica más adecuada, se debe tener en cuenta una serie de factores:

1. El tipo de actividad de la empresa
Este factor es determinante a la hora de elegir la forma jurídica, ya que existen supuestos en los que la propia normativa aplicable exige una forma concreta.


2. El número de socios
La cantidad de socios que pretendan iniciar la nueva empresa, condiciona también la elección. Por ejemplo para constituir una cooperativa o una sociedad laboral son necesarios tres promotores.

3. Grado de responsabilidad
El empresario debe delimitar la responsabilidad que esté dispuesto a asumir en la empresa y del riesgo que del mismo se pueda derivar. Para ello puede optar por aquellas formas que limitan su responsabilidad al capital aportado o que se ha comprometido a aportar (sociedad limitada y la sociedad anónima) o por aquellas que no limitan la responsabilidad, quedando afectado todo su patrimonio a los resultados del negocio (empresario individual y sociedad colectiva).

4. Necesidades económicas de la empresa
Hay que tener en cuenta que existen determinadas formas jurídicas, cuya regulación exige un capital mínimo. Así la sociedad limitada debe tener un capital mínimo de en torno a los 3.000 euros (500.000 pts), que deberá ser desembolsado en su totalidad en el momento de la constitución. La sociedad anónima y la sociedad anónima laboral exige un capital social mínimo de 60.100 euros (10 millones de pesetas), que deberá desembolsarse en el momento de la constitución, al menos, en el 25 por ciento del valor nominal de cada acción.

5. La carga fiscal que el beneficio empresarial tendrá que soportar
Este es otro criterio que debe guiar la elección, pues en la sociedades mercantiles los resultados tributan por el impuesto de sociedades, mientras que los empresarios individuales y las sociedades civiles tributan por el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Las sociedades de responsabilidad limitada son, por lo general, la fórmula jurídica más utilizada. Se ajustan bien a pequeñas empresas de capital reducido y pocos socios, o en los que interesa dificultar la transmisión de las participaciones.

Las sociedades anónimas, por su parte, son útiles para grandes y medianas empresas, sin límites de socios o de capital. Asimismo, para aquellas empresas en que interese una fácil transmisión de las acciones o el anonimato de los socios.

Por su parte, las sociedades cooperativas están pensadas para empresas que tengan por objeto la colaboración de sus socios que tienen un objetivo común sobre la base de la ayuda mutua y de la creación de un patrimonio común irrepartible y sin ánimo de lucro.

Las sociedades laborales son útiles para empresas con participación mayoritaria o total de socios de trabajadores.

Es la forma más simple y sencilla de ejercer una actividad económica.

Definición:
"Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente" Es la distinción de comerciante, persona física que establece el artículo 1º del Código de Comercio.
Consideramos como "empresario individual" aquella persona física que en nombre propio y asumiendo el riesgo de las operaciones con su patrimonio personal organiza los medios de producción de bienes o servicios, para introducirlos en el mercado.
Con respecto a la personalidad jurídica de esta figura empresarial, la persona física únicamente habrá de tener plena "capacidad de obrar" (según el artículo 200 del Código Civil, se considera que una persona es incapaz cuando en ella persisten enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que le impiden gobernarse por sí misma; el artículo 4º del Código de Comercio dispone que tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas mayores de edad y que tengan la libre disposición de sus bienes), no siendo necesaria su acreditación mediante la inscripción en registros públicos u otra tramitación administrativa.
La inscripción en el Registro Mercantil es potestativa: el artículo 88 apartado 1 del Reglamento del Registro Mercantil establece que "la inscripción del empresario se practicará a instancia del propio interesado".
Pero, el gran criterio diferenciador de esta figura jurídica respecto a la adopción de una forma jurídica de tipo societario estriba, como hemos anticipado, en la responsabilidad en el ejercicio de la actividad empresarial.
Así, el empresario, debe responder ante sus acreedores con todos sus bienes, presentes y futuros, según lo establecido en el artículo 1911 del Código Civil; es decir, el empresario individual asume una responsabilidad patrimonial que en principio no queda restringida a los bienes afectos a la actividad empresarial, sino que se extiende a todos los bienes que conforman su patrimonio.
En resumen, las principales características de esta forma jurídica son:
- Actividad de organización de elementos personales y materiales que da origen a un conjunto de relaciones jurídicas.
- Actividad profesional constante (concepto de habitualidad), que se manifiesta externamente.
- Actividad empresarial ejercida en nombre propio.
- Responsabilidad ilimitada en el ejercicio de la actividad empresarial.
Un aspecto de especial importancia lo encontramos en el hecho de que el empresario individual, persona física, puede tener a su cargo a trabajadores por cuenta ajena, es decir, puede contratar a trabajadores. Como hemos dicho anteriormente, la Ley define al trabajador por cuenta propia o autónomo como aquél que realiza de forma habitual, personal y directa, una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo, aun utilizando el servicio remunerado de otras personas. Dentro de la correlación entre empresario y trabajador, se considera empresario a toda persona, física o jurídica, para la que le presten sus servicios, con la consideración de trabajadores por cuenta ajena o asimilados, las personas comprendidas en el campo de aplicación de cualquier régimen de los que integran el sistema de la Seguridad Social. Es decir, todo empresario individual o social para el que otras personas físicas presten sus servicios en régimen de dependencia.
El empresario individual
· Concepto:
El empresario individual es una persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa, una actividad comercial, industrial o profesional.
· Características:
Esta figura implica el control total de la empresa por parte del propietario, que dirige personalmente su gestión y responde de las deudas contraídas frente a terceros con todos sus bienes, presentes y futuros, no existiendo diferencia entre su patrimonio mercantil y su patrimonio civil.
· Pueden ser empresarios individuales:
· Cualquier persona mayor de edad, con libre disposición de sus bienes.
· Los menores de edad emancipados.
· Los menores de edad en circunstancias especiales, siempre que tengan la libre disposición de sus bienes a través de sus representantes legales.
· Ventajas:
· Los empresarios individuales tributan a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y pueden acogerse, en lo que al Impuesto del Valor Añadido se refiere, al Régimen Simplificado y al del Recargo de Equivalencia cuando se trate de comerciantes.
· Es la forma que exige menos gestiones y trámites para realizar una actividad empresarial, por lo que es idónea para empresas de muy reducido tamaño.
· Inconvenientes:
· Responde con su patrimonio personal de las deudas generadas en su actividad.
· Si el empresario/a está casado puede que sus actividades alcancen al otro cónyuge dependiendo del régimen económico que tengan.
· Puede estar sometido a tipos impositivos muy elevados si el volumen de beneficios es importante.
TRAMITES PARA EJERCER LA ACTIVIDAD COMO EMPRESARIO INDIVIDUAL:
No existe ningún trámite previo que condicione la adquisición del carácter de empresario individual, si bien la persona que desee constituirse como tal deberá :
· Darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
· Hacer la Declaración Censal de Inicio de Actividad.
· Darse de alta en la Seguridad Social.
Los empresarios individuales no están obligados a inscribirse en el Registro Mercantil (salvo excepciones).

BASES DE CONSULTAS JURÍDICAS CON MAS DE 400 RESPUESTAS ACCESO INMEDIATO

-TRÁFICO, MULTAS Y VEHICULOS.

-HERENCIAS Y DONACIONES.

-PENSIONES, INCAPACIDADES LABORALES.

-TRABAJADORES, EMPRESAS, CONTRATOS LABORALES, SALARIOS, ETC.

-PROPIEDADES, FINCAS, VIVIENDAS, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.

-SEPARACIONES, DIVORCIOS, MENORES, PENSIÓN ALIMENTOS, ETC

- FISCALIDAD, HACIENDA, SERVICIOS BANCARIOS.

-PENALES.

-EXTRANJERÍA.

-VARIOS TEMAS.

 

Listado que incluye todas la respuestas jurídicas incluidas en la bases de consultas legales.

 

Comentario en RadioTelevisiónEspañola sobre Consultatuderecho.com

Para consultar a un abogado tenemos diferentes servicios jurídicos desde 1,20 € a 40 €.

La información aquí recogida lo es solamente a nivel orientativo, sin que quepa ningún tipo de responsabilidad por el uso que de la mismas se pueda hacer por terceras personas.

 El visitante debe verificar su contenido y actualidad en alguna fuente oficial, las afirmaciones y opiniones vertidas en esta pagina son meramente orientativas, y no constituyen en ningún caso, una asesoría o asistencia jurídica detallada. El despacho de abogados que la gestiona, no se responsabiliza del uso o interpretaciones que los lectores puedan hacer del contenido de esta pagina web y recomienda que ante cualquier contingencia se recurra a los servicios de un profesional.

 

LISTADO DE TODAS LAS PAGINAS DE LA WEB CONSULTATUDERECHO.COM
PROPIEDAD DE HERMO CONSULTING SL CIF B 76047737
 
letrado gratis consultas juridicas gratis
consultas legales gratuitas consultatuderecho.com- - 2005- respuestas juridicas
preguntas juridicas respuestas legales preguntas legales