- Principio de subsidiariedad del derecho penal .
Para proteger los intereses sociales, el Estado debe agotar los medios menos lesivos que el derecho penal antes de acudir a éste, que en este sentido debe constituir un arma subsidiaria, una ultima ratio (ultima instancia). En un Estado social y democrático de derecho la intervención punitiva del Estado(cuando el estado impone penas) es legítima sólo si se observa el siguiente orden de intervención del Estado:
- En primer lugar, ante los problemas sociales, tendrá que acudir a una adecuada política social, económica y cultural.
- En segundo lugar, cuando estos medios sean insuficientes o ineficaces, se estará legitimado para acudir a medidas sancionadoras no penales (civiles, mercantiles, administrativas).
- El tercer nivel de intervención; cuando las medidas sancionadoras no penales resulten ineficaces o insuficientes, sólo entonces se estará legitimado para acudir a las medidas penales.
Así, el principio de intervención mínima impone al Estado un orden escalonado de intervención, de menor a mayor intensidad en la respuesta.
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