EL PLANO ORGÁNICO CONSTITUCIONAL

Establece como forma política la monarquía parlamentaria. Esto es la forma monárquica como de Jefatura del Estado, y el modelo parlamentario de relación entre el ejecutivo y el legislativo, con un sistema de relaciones menos intenso que en los modelos presidencialistas.
Encomienda al Tribunal Constitucional el control de la constitucionalidad de las normas con rango de ley a través del llamado recurso de inconstitucionalidad, si bien restringe la posibilidad de interponerlo y, por otra parte, amplía la competencia de dicho Tribunal a otras funciones.
Regula de forma independiente el Poder Judicial y crea el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de dicho Poder Judicial.
Crea instituciones como el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Establece las bases del ordenamiento jurídico del Estado, con diferenciación entre Leyes estatales y leyes de las Comunidades Autónomas, y dentro de las primeras entre Leyes Orgánicas y ordinarias, distinguiendo unas de otras, no por su jerarquía, sino por su competencia, y encomendando al Tribunal Constitucional el control de la constitucionalidad en ese reparto competencial.
En todo caso, atribuye la potestad legislativa al Parlamento y la potestad reglamentaria al Gobierno.
Frente a la descentralización política de las Comunidades Autónomas, consagra la descentralización meramente administrativa de Provincias y Municipios, con especial referencia a las peculiaridades de la Administración insular.
Fija también las bases para la apertura del Estado a organizaciones internacionales que supongan cesión de soberanía, en previsión de una futura adhesión de España a las Comunidades Europeas, lo que, más adelante, permitió la entrada de España en las Comunidades Europeas, con el importante efecto producido en el sistema de fuentes interno.