Ley de acceso a la profesión de abogacía.
Pocos meses de su entrada en vigor, y después de cuatro años y medio de mora, parece que al fin no ha habido tiempo para cerrar los aspectos pendientes y la Ley de Acceso sigue su tortuoso camino. El Consejo de Estado aprobó recientemente un dictamen en el que es especialmente crítico con el Reglamento, que ha tenido ya siete ediciones, sobre todo en la posibilidad de que se pueda acceder al curso de acceso con "otro título universitario de grado que acredite la adquisición de competencias jurídicas". El Consejo entiende que el proyecto incurre en un exceso respecto de la Ley, y señala que el acceso a las profesiones "debe limitarse para quienes tengan el titulo de licenciado en Derecho o el grado que cada Universidad haya establecido en sustitución del mismo".
También hace referencia el órgano consultivo del Gobierno a las prácticas profesionales externas, ya que opina, con bastante sentido común, que "deben llevarse a cabo tras el periodo formativo" y no "antes" o en el transcurso del mismo, lo que obligaría a reconsiderar el texto legal. Por lo que se refiere al lugar de realización de esas practicas, el dictamen recomienda una mayor precisión a la expresión "tercer sector" que emplea en el articulado. El dictamen incluye otra serie de sugerencias respecto a la acreditación, evaluación y expedición del titulo profesional.
Tanto los Colegios de Abogados como las Escuelas de Practica Jurídica y las Universidades han mostrado su intranquilidad ante el retraso que esta sufriendo la aprobación del Reglamento, ya que hay que preparar no solo los programas del curso de acceso, sino también los convenios entre Universidades, Escuelas de Practica Jurídica homologadas por el CGAE y Colegios de Abogados y Procuradores, el profesorado - universitario y profesional-, establecer el marco de las practicas en despachos de abogados y otras instituciones, y todo ello requiere una compleja intendencia.
Los decanos de las Facultades Derecho, reunidos recientemente en Logroño, han exigido que solo se pueda acceder al curso y ejercer la profesión de abogado, con una titilación o grado en Derecho, coincidiendo con lo que expone el dictamen del Consejo de Estado, y han acordado constituir una comisión Mixta que integre a Universidades, Colegios de Abogados y Escuelas de Practica Jurídica, junto con los Ministerios de Educaci6n y Justicia para trabajar en los cambios que propone el Consejo de Estado.
Por parte de la Abogacía, se ha mostrado la preocupación por el retraso en la aprobación del Reglamento y, en este numero de la revista, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española muestra claramente su rechazo a un posible retraso de la entrada en vigor de la Ley aprobada en 2006 que seria, en palabras de Carlos Carnicer "una estafa a la sociedad".
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