Desconfianza de la Abogacía del Estado
El sistema de arbitrajes genera “bastante desconfianza” en la Abogacía del Estado, que defiende a España en todos los procesos salvo en los dos primeros. Cada una de las partes designa un árbitro de una lista y el organismo donde se ha planteado el arbitraje señala al presidente entre juristas de prestigio. “Son tres tipos que se reúnen en un hotel en París y que si dictan laudos totalmente contrarios a las empresas no les volverán a designar”, explican fuentes próximas al Ejecutivo. En ámbitos jurídicos, en cambio se subraya que es un sistema reconocido internacionalmente y que mantiene intacto su prestigio, pues los árbitros son reputados juristas a los que se recurre de forma habitual y cualquier sospecha sobre su integridad arruinaría sus carreras.
No hay jurisprudencia, pero sí precedentes y la publicidad del proceso es muy reducida hasta la decisión final. Con la misma defensa sobre el mismo recorte, España puede perder en un arbitraje y ganar en otro, algo que incomoda a los abogados del Estado, acostumbrados a un sistema de tribunales con jurisprudencia. Además, los arbitrajes tiene fama de acabar en laudos salomónicos, en los que el inversor suele ganar algo.
España ha planteado lo que en el sector se conoce como bifurcación de los arbitrajes. En primer lugar, se dirime si hay responsabilidad del Estado y solo después se entra en cuantificar el daño producido al inversor. Se trata de ahorrar tiempo y dinero porque si el Estado no es considerado responsable no hará falta encargar los costosos peritajes para cifrar la responsabilidad. Por eso en los procedimientos aún no se ha entrado a cuantificar el dinero que se juega España.
España también ha rechazado la jurisdicción del Ciadi en algunos de los arbitrajes ante dicho organismo, dependiente del Banco Mundial. Eso se interpreta como una maniobra dilatoria en fuentes jurídicas. Con ello, España ha conseguido paralizar momentáneamente el arbitraje planteado por RREEF. Sin embargo, los árbitros de otros tres casos (antin, Eiser y Masdar) han rechazado en tres decisiones recientes tratar la jurisdicción como cuestión previa y se pronunciarán sobre ella al tiempo que lo hagan sobre el fondo del asunto, lo que también se considera un revés para España.
Al menos en dos casos, además, los jueces han rechazado la personación de la Comisión Europea como parte no interesada en esta fase del proceso, una personación que España habría visto con buenos ojos BASES DE CONSULTAS JURÍDICAS CON MAS DE 600 RESPUESTAS ACCESO INMEDIATO
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